El decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha pasado épocas de inestabilidad en los últimos años sería subestimar la profunda crisis que esta atraviesa; en el marco de una confianza en poder judicial preocupantemente baja, según datos del INEGI recabados en su Encuesta Nacional de Cultura Cívica del año 2020 solo el 6.2% de la población tiene “mucha confianza” y el 31.5% tiene “algo de confianza” en los jueces«1», los murmullos comienzan a brotar en las grandes facultades de Derecho y los colegios de abogados de nuestro país, sin importar su ideología, que ven a la Corte como una institución plagada de intereses, mala técnica jurídica y, crucialmente, se observa a los ministros como poco más que “políticos con toga”.
Lo anterior se debe a la dura yuxtaposición entre un deber ser que ve a los juzgadores, en especial a los ministros de la Corte, como intérpretes y aplicadores del marco jurídico nacional y defensores de la Constitución, contra la actual realidad en la que los ministros parecen considerarse a sí mismos una especie de legislador jurídico y social, dicho de otra forma un Supremo Poder Transformador, facultado para imponer decisiones y posteriormente hacer y retorcer el derecho para ajustarlo a sus conclusiones. La actitud antes referida se ve reflejada claramente en diversos incidentes como las artimañas jurídicas empleadas para permitir el aborto«2» y destazar la objeción de conciencia«3», las declaraciones del ministro Arturo Zaldívar alardeando una victoria en la “batalla cultural” desde el banquillo«4» o tildando a sus detractores de “antiderechos”«5», el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara en el que se refiere a los nacimientos navideños como instrumentos “perversos” que buscan “dominar la psique de una colectividad«6»”, las ahora famosas largas esperas para que la Corte analice asuntos de interés político en Palacio Nacional e incluso, los intentos del ministro Luis Maria Aguilar de inaplicar partes de la propia Constitución «7», et al.
Ahora bien, tampoco me plantaré aquí para afirmar que la visión del mundo del juzgador no puede influir en sus decisiones, es lógico que la cosmovisión de cualquiera, incluso un juez, influye en su toma de decisiones e interpretación de los hechos; el problema surge cuando esa cosmovisión se antepone a los hechos y el derecho para crear una especie de nueva realidad sin respetar los procesos constitucionalmente dispuestos y desestabilizando el marco jurídico nacional como lo está haciendo la Corte con el costo adicional de la confianza de los mexicanos en sus instituciones.
Por ello, la Corte debe entrar en un profundo ejercicio de reflexión para definir su futuro encabezado por la ministra presidente Norma Piña, que cuenta con la oportunidad de dar vuelta al timón y alejar a su institución del naufragio al que se dirige, empezando por el llamado “Plan B” que no solo determinará el futuro de nuestra democracia, sino que también nos permitirá ver, en la prontitud de su atención y el contenido de su resolución, si la Corte está lista para reivindicarse o empeñada en hundirse junto a nuestras libertades.
Por Manuel Borja 01/03/2023
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encuci/2020/doc/ENCUCI_2020_Presentacion_Ejecutiva.pdf
2 https://parentesislegal.com/dignidad-a-la-carta-aborto-scjn/
7 Cabe mencionarse que el proyecto referido habla de la prisión preventiva oficiosa, misma que, considero, es perniciosa y debe desaparecer. Sin embargo, dicha desaparición no puede venir mediante la auto asignación de poderes por parte de la suprema corte ya que esto va en contra del derecho y sienta un precedente sumamente peligroso.
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